Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser
sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el
secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue
acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para
él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de
un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que
pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a
Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y
sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y
comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de
violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente,
los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y
la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también
se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y
justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se
apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron
reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros
tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron
a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un
agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo
pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que
el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la
acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando
sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su
inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de
prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que
caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza
Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una
de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los
poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero
que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el
menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña
Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por
diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de
Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de
cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de
estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las
injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio
justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en
este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama
Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
Fuente:Detrás de la Noticia. Ricardo Rocha. El Universal
